Anastasio Somoza García y el juicio de los condenados

Reportaje - 13.11.2017
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Aunque Tomás Borge no participó en el complot para asesinar a Anastasio Somoza García, fue juzgado y condenado por ello. Así fue uno de los más famosos juicios de la historia de Nicaragua

Por Octavio Enríquez

El jurista y educador de generaciones Carlos Tünnermann (1933) y el comandante sandinista Tomás Borge (1930-2012) se conocieron jóvenes en las aulas de la Facultad de Derecho en el cálido León, al occidente de Nicaragua, en una época de conspiraciones contra la dictadura somocista y levantamientos armados, y ambos terminaron siendo protagonistas de los días convulsos que siguieron a la muerte violenta del general Anastasio Somoza García, en septiembre de 1956.

Borge fue uno de los acusados en el Consejo de Guerra impuesto por las autoridades para investigar a los supuestos conjurados contra el dictador, que tenía veinte años en el poder y buscaba la reelección cuando sorpresivamente recibió los balazos del poeta Rigoberto López Pérez. Atrapado por la Guardia Nacional, Borge fue acusado posteriormente como encubridor del crimen y Tünnermann, entonces sin el título de abogado, aceptó ser el defensor de aquel muchacho que un cuarto de siglo después llegaría a tener el poder absoluto.

“Como creí que no era culpable —efectivamente no lo fue— lo defendí. La actuación posterior de Tomás fue muy diferente a lo que yo esperaba de él. Si ahora me pidieran que yo lo defendiera en una causa, yo no lo defendería”, dice Tünnermann en su residencia, rodeado de fotografías antiguas, un piano familiar y recortes de los diarios de la época, junto a documentos, en los que tacha con pulcra caligrafía algunos nombres mal escritos y los reescribe.

Borge murió en 2012. Fue uno de los hombres más poderosos en la revolución sandinista que se instaló con la caída del régimen de los Somoza, en 1979. Ocupó el cargo de ministro del Interior, fue cercano a Daniel Ortega, quien superó este año a Somoza García en años detentando el poder. Sus admiradores recuerdan las metáforas de sus discursos, mientras sus críticos le señalan violaciones a derechos humanos que se hicieron en ese gobierno, junto con su enriquecimiento personal.

El Consejo de Guerra, celebrado entre el 9 y 30 de enero de 1957, fue contra 21 supuestos partícipes en el complot contra Somoza García, entre ellos destacados opositores, como el doctor Pedro Joaquín Chamorro, director de LA PRENSA, y el excandidato presidencial Enoc Aguado, a quien el somocismo le arrebató la Presidencia a través de un fraude en las elecciones de 1947 para entregársela al candidato de Somoza García, Leonardo Argüello.

Antes de aquel juicio se llevó a cabo la corte de investigación, entre el 17 y 20 de octubre de 1956, en León, y también del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1956 en Managua. Desfilaron 73 testigos, es decir, 35 más de los que participaron en el Consejo de Guerra, de acuerdo con datos de la Fiscalía Militar de entonces.

El crimen ocurrió la noche del 21 de septiembre de 1956 después de las 9:00 de la noche. El poeta Rigoberto López Pérez disparó contra el general Somoza García, mientras este celebraba en la Casa del Obrero su nominación presidencial. El gobernante murió el 29 de septiembre en Panamá, cuando era asistido por los médicos del presidente de Estados Unidos. Después del atentado, el autor de los cuatro disparos recibió 54 y se desataría una cacería en búsqueda de los responsables en los días posteriores.

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El teniente de infantería Agustín Torres Lazo se encontraba en la Academia Militar ese 21 de septiembre, donde residía en su carácter de oficial instructor, cuando a las 11:00 de la noche, al terminar de corregir unos exámenes de sus alumnos, caminó hacia al edificio de la Subdirección, donde se encontraba, sentado en una mecedora, el teniente Armando Fernández, quien hacía el turno y conversó amenamente hasta después de la medianoche. Sonó el teléfono.

“Fernández lo contesta y un par de segundos después noto el repentino cambio de su rostro, compungido y pálido. Yo solo le oigo decir: ‘Sí, señor, sí, señor…’ Cuelga el teléfono y como arrastrando las palabras me dice: ‘¡Tiraron al general. Nos ordenan que armemos a la gente y nos preparemos para defensa!’”, se acuerda Torres Lazo.

Los sospechosos directos de participar en la trama, que incluía el corte de la energía eléctrica cuando se dieran los disparos contra el dictador, fueron Edwin Castro —padre del actual diputado sandinista homónimo—, Ausberto Narváez y Cornelio Silva. Todos morirían cuatro años después, cuando les aplicaron “la Ley Fuga”, nombre con el que se conocía popularmente las ejecuciones extrajudiciales que se justificaban como “muertos en el intento de escapar”.

Otro de los opositores que acabaron mal fue el excandidato presidencial Enoc Aguado, quien murió poco después del Consejo de Guerra, en que cinco personas fueron declaradas inocentes, mientras a 16 las consideraron culpables y les impusieron penas que oscilaron entre la cárcel y el confinamiento en territorios lejanos.

El doctor Carlos Tünnermann tiene un expediente del caso con fotografías de la época y escritos.

Según Tünnermann, ningún abogado quería defender a Borge, excepto el doctor Enrique Espinoza Sotomayor. A finales de noviembre de 1956, el joven jurista recibió la solicitud de apoyo de su antiguo compañero de aulas, que le envió un telegrama desde la cárcel La Aviación. Aún Tünnermann no se había graduado como abogado, porque no había hecho su examen final público para obtener el título, y solo podía actuar si se lo aceptaban en carácter de in fieri (del latín, en vías de hacerse), lo cual permitía el Código de Instrucción Criminal de la época. En total, 12 juristas tuvieron la tarea de defender a 21 acusados.

Ahora, a sus 84 años, el abogado y educador explica que la población sintió miedo porque los dos hijos del dictador asesinado, Luis y Anastasio, mantuvieron el control en la investigación del magnicidio y podían vengarse. El fiscal militar Agustín Torres Lazo, quien aceptó que Tünnermann asumiera la defensa como abogado in fieri, recuerda que el coronel Anastasio Somoza Debayle le ordenó proceder en su cargo como fiscal en el Consejo de Guerra.

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En un reportaje de LA PRENSA, publicado en septiembre de 2014, se ponen algunos números a la represión de aquellos años, pero uno es destacable. Se asegura que 500 personas fueron encarceladas y torturadas. En la lista de investigados se encontraban críticos del régimen, como Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Juan Calderón Rueda, los doctores Enoc Aguado —quien habría de quedar ciego al final del proceso, ya que de día y noche le ponían una lámpara ante los ojos, dice Tünnermann— Enrique Lacayo Farfán, Ricardo Wassmer, Emilio Borge, Gabriel Urcuyo Gallegos, Francisco Frixione y Benjamín Robelo, entre otros.

El Consejo de Guerra extraordinario se instaló el 9 de enero de 1957 a las 5:30 de la tarde en la Sala de Justicia del antiguo Campo de Marte. Fue presidido por militares de alto rango encabezados por los coroneles Ernesto Matamoros Meza, Roberto Martínez Lacayo y Carlos Reyes. “Primero leyeron a todos los presuntos implicados los cargos que les imputó la Junta Militar de Investigación. Todos rechazaron los cargos y sus especificaciones. El doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ante cada cargo, contestó con la célebre frase: ‘Soy inocente aquí y ante Dios’”, dice Tünnermann.

En los diarios del país —LA PRENSA y el oficialista Novedades— podía seguirse lo último de estos acontecimientos. Entre los primeros pasos del proceso se reconstruyó el crimen. Las autoridades guardaron un minuto de silencio en memoria de Somoza García, como se leía en el titular, mientras se destacaron fotografías de algunos de los conspiradores, entre ellos Edwin Castro, que aparecía besando a sus hijos.

Tünnermann dice que el bachiller Borge rechazó la acusación de la Fiscalía. Dijo que ni la Ley ni la moral lo obligaban a denunciar hechos que no tenía “conocimiento cierto”, sino vagas ideas, refiriéndose al atentado. Él lo consideraba “una locura”. Tünnermann explica que cuando Rigoberto López Pérez llegó a León, proveniente de El Salvador, ya dispuesto a dar su vida por la del tirano, visitó a políticos avisándoles de sus planes. Pocos le creyeron.

“Mucha gente lo tomó como loco, porque con frecuencia había personas que decían ‘yo voy a hacer un atentado’ y era mentira: solo para hacerse sentir, pero esta vez era en serio. (López) fue donde el doctor Enoc Aguado, Enrique Lacayo Farfán y otros. No era muy conocido (el poeta) y precisamente todas estas personas que no lo conocían ponían en serias dudas que fuera cierto y hasta lo olvidaban”, añade el educador.

Tünnermann cuenta que Borge era entonces el jefe de Redacción del tabloide El Universitario, cuyo director era Carlos Fonseca Amador. Esa publicación se editaba en la casa de Castro, quien luego fue procesado. “Un día coincidió que al retirar la edición de El Universitario se encontró con Edwin Castro y este le contó que había un joven poeta, que estaba dispuesto a atentar contra Somoza. Tomás no lo tomó en serio e incluso lo olvidó, se quedó en León y ahí fue donde lo capturaron”, agrega.

López Pérez buscó oportunidades para llevar a cabo su objetivo. El 15 de septiembre, en ocasión de la visita de Somoza García por las fiestas patrias a La Hacienda San Jacinto, quería intentarlo, pero no vio condiciones para lograrlo. Su oportunidad definitiva llegaría en la fiesta en la Casa del Obrero aquel 21 de septiembre.

El general Anastasio Somoza García murió en Panamá ocho días después del atentado en León, Nicaragua

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En el Consejo de Guerra y en la corte de investigación, el fiscal militar fue el teniente de infantería Agustín Torres Lazo, que se distanció con el tiempo de Somoza y publicó un libro que cuenta el magnicidio bajo el título La Saga de los Somoza.

En septiembre de 1956, el teniente tenía tres meses de haber regresado a Nicaragua cuando a Somoza García lo mataron. Venía recién graduado de abogado después de estudiar cinco años en la Universidad de Salamanca, en España, y se reincorporó al Ejército como oficial instructor y profesor de Preceptiva Literaria e Historia de la Literatura.

Sesenta años después, Torres Lazo explica que horas más tarde del atentado se decretó el Estado de sitio o Ley marcial basados en el marco legal que, tanto él como Tünnermann, sitúan en un Código copiado de las ordenanzas de la Infantería de Marina, herencia de la intervención norteamericana.

“El Código de enjuiciamiento militar determina en su ordinal H que cuando, encontrándose el país en paz completa, alguien intentara alterar o alterare, por cualquier medio el orden público o cuando hubiese sido promulgada la Ley marcial… la Guardia Nacional será la encargada de conocer de esos casos y juzgarlos, aun cuando las personas implicadas en tales delitos no pertenecieren al servicio militar”, escribe el exfiscal en un correo electrónico.

Los abogados defensores preguntaron: ¿por qué habría de juzgarse en una corte militar a los involucrados, si ninguno era militar? Expusieron su desacuerdo. Para ellos el juicio era ilegal, lo cual fue expresado a través de una impugnación que introdujo el abogado más joven entonces, Tünnermann, con el argumento de que los sospechosos eran civiles.

El consejo de guerra estuvo integrado por oficiales de la Guardia Nacional como el coronel Ernesto Matamoros Meza, el cuarto de izquierda a derecha.

 

La tensión se apoderó de la Sala, donde se celebró el juicio. Las sesiones concluían a altas horas de la noche. Durante los alegatos de la defensa era usual una nutrida barra, jefeada por Nicolasa Sevilla, una ferviente somocista que representaba el poder del partido en la calle. Ella insultaba a los juristas y pedía con su gente la pena de muerte para los acusados.

“A los familiares de los reos, como doña Violeta Barrios de Chamorro, no se les permitía entrar a la Sala y tenían que limitarse a ver el proceso desde unas incómodas ventanas. Cuando los abogados salíamos en grupo del Campo de Marte éramos verbalmente agredidos por la turba ‘nicolasiana’ e incluso uno de los defensores, el Dr. Salvador Buitrago Aja, fue herido por arma blanca”, precisa Tünnermann.

En su escrito del 18 de enero de 1957, después de presentar un alegato de 25 páginas, Tünnermann le dijo al tribunal: “Tomás Borge Martínez quiere ser útil a su patria. Tomás Borge Martínez tiene derecho, porque es inocente, a que se le brinde la oportunidad de servir a su país como ciudadano honrado. En vuestras manos está el destino de este joven universitario, a vosotros corresponde decidir…”.

Según los diarios de la época, Borge recibió la condena de nueve años de confinamiento. Tünnermann explica que se fugó de Matagalpa, a Honduras, donde fundaría el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Chamorro Cardenal, el director de LA PRENSA, fue absuelto del cargo de encubridor del crimen, pero lo culparon como encubridor de rebelión. Le impusieron un castigo de 40 meses de confinamiento en el puerto Lacustre de San Carlos, Río San Juan, de donde se fugaría rumbo a Costa Rica, según Tünnermann.

Francisco Frixione fue condenado a 40 meses de confinamiento, Cornelio Silva a 15 años de reclusión, Benjamín Robelo a nueve años de presidio, Julio Alvarado, nueve años también; Ramón Martínez nueve años y Emilio Borge, nueve años. Sus fotos aparecieron en la portada del Diario LA PRENSA con sus respectivas condenas, escritas en el pie de foto el 30 de enero de 1957. En esa edición del Diario también se informó: “Las cinco personas que fueron declaradas inocentes por el Consejo de Guerra, que conoció del magnicidio contra la viuda del presidente de la República, general de División, Anastasio Somoza García, fueron: Herminio Larios, Abelardo Baldizón, José María Barrera, Gabriel Urcuyo y Hernán Argüello”.

Lo primero que hizo Urcuyo fue invitar a una misa de acción de gracias y posteriormente se casó, una historia que en el Diario escribieron bajo el subtítulo de “una libertad bien empleada”.

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El proceso en general parece haberse olvidado. ¿Qué se puede aprender políticamente sesenta años después? El exfiscal Agustín Torres Lazo señala que la Historia de Nicaragua, particularmente de 1821 a 1857, está llena de hechos violentos, mayormente relacionados con su acontecer político, el que califica como pletórico en revoluciones intestinas que “rayan en lo ridículo”, golpes de Estado, cuartelazos y sicariatos que para siempre quedan en la impunidad.

“En los últimos sesenta años transcurridos desde la muerte violenta de Somoza García, la tortura ha alcanzado grados de increíble sofisticación. Todo esto nos lleva a pensar en la incivilidad de nuestros compatriotas, proclives a resolver sus problemas con injustificada violencia, que solo lo llevan a la inseguridad y a la desconfianza en la que vivimos unos con otros. El sacrificio de Rigoberto López Pérez conduce a una tiranía-dinástica más feroz y corrupta, que solo termina cuando el pueblo de Nicaragua, sin distinciones económicas o sociales, se une para derrotarla”, dice el exfiscal.

En su residencia en El Carmen, en Managua, Tünnermann empieza diciendo: “No hay dictadura en la Historia de Nicaragua que no haya terminado mal. (José Santos) Zelaya terminó mal con la Nota Knox, Somoza García ya vimos en qué forma y Somoza Debayle también. Las dictaduras nunca terminan bien. Los dictadores deberían aprender de la Historia para que la historia no se repita y sepan retirarse a tiempo”.

Aunque Tünnermann reconoce la influencia judicial de Somoza en el Consejo de Guerra, cuando lo compara con el de ahora asegura que en aquel tiempo se podían encontrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia con cierta independencia. Él, que fue rector universitario, recuerda que Luis Somoza, quien continuó la dinastía tras la desaparición de su padre, aprobó la autonomía universitaria. En la actualidad no la hay más que formalmente. Según este jurista, la Ley está ahí, pero no se ejerce y la ausencia de opiniones críticas se convierte en la evidencia de ese planteamiento, ahora que han transcurrido sesenta años desde el día en que sentaron a Borge ante el juez y él fue su abogado.

Dos etapas

La indagación tras el crimen contra el general Anastasio Somoza García tuvo dos etapas: La Corte de Investigación, en la que tuvieron 17 testigos en León y 56 en Managua. Hubo 21 implicados o sospechosos. Se realizó en León entre el 17 octubre y 20 octubre de 1956. En Managua se hizo entre el 21 octubre y el 12 noviembre de ese año.

La segunda etapa fue el Consejo de Guerra. En este caso hubo 38 testigos, 16 fueron declarados culpables y 5 inocentes. El total de abogados defensores de los 21 procesados fue 12. Se realizó entre el 9 y 30 de enero de 1957.

El pecado de Corrales Rojas

En ese documento histórico, Torres Lazo señala que el periodista Rafael Corrales Rojas, propietario del periódico La Tribuna, en León, y quien le había publicado poemas de Rigoberto López Pérez en su diario antes del crimen, murió meses después que fuera liberado por la Guardia Nacional.
Aquel hombre declaró en la Corte de Investigación “tarde para darle tiempo que mejorasen las costillas que le rompieron en la tortura”. La sospecha sobre él vino, pese a su simpatía al régimen, porque cuando López disparó, Corrales Rojas se encontraba con el dictador ese 21 de septiembre y le mostraba el diario, en que se informaba sobre la nominación presidencial. Mientras los guardias culateaban al tirador, él reconoció al poeta. Ese fue su pecado.

¿Pena de muerte?

El fiscal militar para ambos procesos fue el teniente de Infantería Agustín Torres Lazo, quien contó que los hermanos Somoza persiguieron hasta el final un castigo ejemplar para evitar que se reeditara un hecho como el crimen contra su padre. El entorno íntimo de ellos consideró la pena de muerte y la sentencia fue preparada con cuatro condenados, pero al final el fiscal le hizo ver al coronel Anastasio Somoza Debayle que aquello sería un error y que se trataba de una aberración jurídica, según la página 424 del libro La Saga de los Somoza, escrito por el exfiscal.

Carta de Rigoberto López Pérez

Mi querida mamá:
Aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando parte en todo lo que se refiere a atacar el régimen funesto de nuestra patria y en vista de que los esfuerzos han sido inútiles para tratar de que Nicaragua vuelva a ser (o sea por primera vez) una patria libre, sin afrentas y sin manchas, he decidido, aunque mis compañeros no querían aceptarlo, el de tratar de ser yo el que inicie el principio del fin de esa tiranía. Si Dios quiere que perezca en mi intento, no quiero que se culpe a nadie, pues todo ha sido decisión mía.
(…) Espero que tomará todas estas cosas con calma y que debe pensar que lo que yo he hecho es un deber que cualquier nicaragüense que de veras quiere a su patria debía haber llevado a cabo hace ya mucho tiempo. Lo mío no ha sido un sacrificio, sino un deber que espero haber cumplido. (Fragmento)
Rigoberto López Pérez

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